no es apología, es memoria

A un año del Acuerdo de Paz en Colombia

Documento de Colectivo "Colombia en Rosario"

Publicado: 2017-11-24

(Hoy, 24 de Noviembre, se cumplió un año de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC con ese motivo los miembros de Colombia en Rosario elaboraron este documento-petitorio, el mismo que fue leído en actos conmemorativos en Argentina y La Habana en el marco de la campaña internacional Colombia Vive. El documento tiene el apoyo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Argentina. Lo reproducimos porque lo consideramos de suma importancia)

Los colombianos y las colombianas pertenecientes al Colectivo Colombia en Rosario, rechazamos los asesinatos que se han cometido a lo largo del 2017, perpetrados a pesar de la firma del acuerdo de Paz en la Habana y de las intenciones y compromisos nacionales de construir una nueva realidad para Colombia. La ola de violencia contra campesinos, líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, misiones humanitarias y los ex miembros de las FARC-EP no se detiene. En lo transcurrido del mes de octubre y noviembre lamentamos: 

1. La Masacre de 7 campesinos y por lo menos 20 heridos en zona rural de Tumaco -Nariño el pasado 5 de Octubre por su oposición pacífica a la sustitución forzada de cultivos de uso ilícito. 

2. El ataque a la misión humanitaria de las Naciones Unidas, organizaciones defensoras de derechos humanos, diócesis de Nariño y periodistas el pasado 8 de Octubre, quienes llegaron al lugar de la masacre con intenciones de esclarecer los hechos. 

3. El asesinato a principios de mes de Efigenia Vásquez, miembro de la comunidad indígena del resguardo Kokonuko (Cauca). Efigenia, comunicadora de radio en Kokonuko murió a manos del ESMAD cuando se realizaba un proceso de liberación de la Madre Tierra en el predio Agua Tibia. Los indígenas se encontraban en este lugar para exigirle al gobierno nacional que cumpliera lo pactado sobre la devolución de estas tierras al resguardo. 

4. El asesinato de Oscar Tenorio Sunscue, quien se desempeñaba como gobernador suplente del resguardo indígena de Chinas del municipio de Páez (Cauca). 

5. El asesinato de Jair Cortés, miembro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, quien había denunciado la situación de emergencia humanitaria que viven los campesinos en la zona rural de Tumaco y Llorente por la presencia de grupos armados al margen de la Ley. Jair Cortés había denunciado reiteradamente la existencia de amenazas de muerte y el riesgo inminente que esto suponía para su vida. 

6. El asesinato del líder campesino José Merlin Murillo el pasado 15 de Octubre en Cacarica, Chocó. 

7. El asesinato de la profesora Liliana Astrid Ramírez el pasado 19 de Octubre en Coyaima, Tolima. 

8. El asesinato de seis miembros del recién fundado partido FARC, cometido directamente dentro del ETCR - Aldemar Galán (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) mientras se encontraban con sus familias. 

9. El asesinato de Miguel Pérez el 22 de Octubre en Tarazá, Antioquia. Miguel impulsaba el proceso de sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito en la zona, era integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, de la COCCAM Tarazá, presidente de la subdirectiva Cañón de Iglesia, de ANZORC y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. 

10. La aprobación por parte de la Corte Constitucional de Colombia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que permite que civiles y agentes del Estado que no hayan sido miembros de la Fuerza Pública, los aforados constitucionales, como exgobernadores, exalcaldes y otros, sólo participarán en la JEP de manera voluntaria. Permitiendo con esto la posibilidad de no cumplimiento de manera integral del punto 5 de los Acuerdos de Paz: Reparación de víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tal como fue pactado tras las negociaciones en La Habana. 

Nos preocupa profundamente que el Gobierno de Colombia no tome medidas urgentes y efectivas para garantizar la protección e integridad de la vida de la ciudadanía en su labor por la construcción de una sociedad en democracia y paz. El que se les persiga, criminalice, estigmatice y se les ataque hasta incluso vulnerar su derecho a la vida, resulta inaceptable en una nación en la que el monopolio de las armas debe ser exclusivo del Estado. Resulta aún más preocupante que en algunos casos los hechos pudieran haber sido perpetrados por las mismas fuerzas de seguridad del Estado o bajo la complicidad de éstas. 

Esperamos que los crímenes mencionados, así como todos los ocurridos en 2016 y 2017, sean investigados a fondo, se determinen los responsables y sean judicializados para así acabar con la endémica impunidad del país y garantizar la no repetición. Así mismo, hacemos un llamado vigoroso a que el Estado reconozca la sistematicidad del exterminio a líderes sociales en Colombia y tome las medidas necesarias y urgentes para detener este flagelo. 

Para esto solicitamos, poner en marcha el funcionamiento y garantizar la financiación de la recién creada Unidad Especial de Investigación al interior de la Fiscalía General de la Nación (Decreto 898 del 29 de mayo de 2017) cuyo objetivo es el “desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. 

No solamente se están vulnerando de manera constante los derechos de los colombianos y las colombianas, sino que se está poniendo en evidencia el incumplimiento del Acuerdo de Paz, en relación a las garantías para ejercer la oposición y la protesta para el respeto de los territorios en búsqueda de una ruralidad nueva, justa y respetuosa de las comunidades e individuos que la habitan. 

Y es por estas razones que hacemos un llamado de alerta y acompañamiento a organismos de derechos humanos en la Argentina, quienes en estos momento al igual que en nuestro país están siendo víctimas de esta avanzada neoliberal en todo el continente y que con ayuda del Estado, tal como pasó con el compañero Santiago Maldonado, tratan ir acallando  las voces en contra de los procesos y luchas sociales de los distintos actores y sectores de la sociedad. En Colombia está en peligro la paz y necesitamos el apoyo de todos para recuperar el rumbo de este justo anhelo de Colombia y de América Latina toda, por eso: 

1. Pedimos que paren la matanza y las amenazas a los defensores de la paz;

2. Pedimos parar la erradicación forzada, reafirmar la prioridad de la concertación voluntaria del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; 

3. Pedimos garantías especiales de seguridad para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y el cese de los operativos de guerra y amedrentamiento a los mismos; 

4. Pedimos la concreción de una Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, con autonomía y recursos para investigar el complejo paramilitar en todas sus ramas; 

5. Pedimos respetar el papel de la Comisión de Seguimiento para la Implementación como instancia responsable bilateral en el cumplimiento del Acuerdo; 

6. Pedimos facilitar a las autoridades civiles territoriales y a las organizaciones populares el cumplimiento de sus funciones y el acompañamiento solidario a excombatientes y ETCR. 

7. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz tal como fueron pactados y firmados tras las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. 

Llamamos a unir todas las voces y todas las voluntades en respaldo al Acuerdo Final con las FARC y al diálogo de Quito con el ELN. La movilización nacional unitaria y el paro nacional indefinido con expresión de la paz en movimiento. Hoy más que nunca solicitamos garantías plenas para la expresión de su derecho legítimo a la protesta y a construir una paz estable y duradera para Colombia y para toda la región. 

Colectivo Colombia en Rosario.

Campaña Internacional ‘Colombia Vive’.

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos


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