El Departamento del Cauca es una de las regiones colombianas históricamente más golpeadas por el Conflicto Armado. Su ubicación estratégica, así como su geografía montañosa lo hacen diverso climáticamente, apto para gran variedad de cultivos. Por esta razón varios grupos indígenas han habitado el territorio desde la conquista, al igual que comunidades negras durante la colonia.

Al firmarse el Tratado de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el grueso de la guerrilla de las FARC, se han presentado disputas territoriales en regiones y localidades -como Tumaco, en el vecino departamento de Nariño- en las que la antigua guerrilla dominaba y llegaba a reemplazar en sus funciones al Estado Colombiano. EL Cauca es una de ellas, y una de las más importantes.

Es un territorio históricamente en permanente disputa. A los intereses de empresas multinacionales mineras por explotar el oro de los ríos de la región -el caso de Anglo Gold Ashanti en Suárez (al norte) y la lucha de Francia Márquez y otros activistas por proteger la tierra de la explotación mineral a gran escala-, se ha sumado en los últimos años el auge y consolidación del narcotráfico, basado en la producción de cocaína. El tráfico ilegal de esta sustancia, que comenzó siendo un negocio de unos pocos, por su gran demanda internacional ha hecho que todos los grupos armados se financien con actividades relacionadas con la siembra de coca, y su procesamiento hasta convertirse en clorhidrato de cocaína. En el Cauca tienen lugar todas las fases de la producción, y, al igual que los actores armados, sus comunidades campesinas han terminado por vincularse a la mayoría de etapas del proceso.

Luego de la firma del Tratado de Paz y la retirada de las FARC, los grupos armados que han entrado en su reemplazo a disputarse el control de los territorios caucanos son: disidencias de la misma guerilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y carteles extranjeros. Esto, al igual que en otras regiones de Colombia, ha recrudecido la violencia, siendo las más afectadas las comunidades indígenas y negras asentadas por todo el departamento.

De diversas formas han intentado a lo largo de toda la historia de la república (y aún antes) diversos grupos desplazar a las comunidades indígenas y negras de sus territorios. Pero ellas, valiéndose de una gran capacidad de organización, han logrado resistir sin violencia, expulsando incluso a varios actores armados -entre ellos el mismo Ejército- de sus tierras. Amplia resonancia tuvieron hace unos años los episodios de resistencia civil en varios puntos del territorio caucano, por parte de comunidades campesinas o indígenas contra las FARC. sin embargo, las represalias por parte de los diferentes grupos armados han sido frecuentes. Mediante asesinatos individuales y selectivos de sus líderes y autoridades buscar amedrentar y descomponer a las comunidades.

Muchos líderes y comuneros han muerto y continúan muriendo en esta región. Desde que asumió el actual gobierno -crítico y saboteador de los Acuerdos de Paz- han muerto cerca de 70 personas en un año. La semana pasada, no obstante, se recrudeció la violencia. A los asesinatos de Dimar Torres (excombatiente de las FARC asesinado por un suboficial del Ejército) y del guardia Flower Trompeta, también por el ejército, se suman las masacres de cinco dirigentes indígenas y de tres ingenieros recién llegados a la zona; así como el de un comunero y el escolta de un guardia indígena.

La negligencia del Gobierno del presidente Iván Duque con respecto a la grave situación del Cauca ha sido manifiesta desde el día de su posesión, cumpliendo así con las políticas de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez -actualmente procesado por la justicia- principal opositor a los Acuerdos de Paz. Primero con posiciones negacionistas, minimizando el problema, luego prometiendo enviar, como toda propuesta, 2500 soldados a la región a partir de diciembre. Al respecto, las comunidades indígenas afectadas por la reciente ola de asesinatos, han cuestionado el aumento de las tropas, pues consideran que no son garantía alguna de seguridad. Incluso, han llegado ellas mismas a correrlos de sus territorios ante abusos y arbitrariedades cometidas por la Fuerza Pública en contra de la comunidad.

La actitud del gobierno, al margen de su convicción política, refleja el gran desconocimiento que una importante parte de los colombianos tienen con respecto a la crisis social que vive el departamento del Cauca. Si bien muchos somos los ciudadanos que intentamos informarnos bien de lo que sucede e intentamos comprender y llamar la atención sobre estos graves acontecimientos, existe un amplio sector de la población que cree que todo se debe a la supuesta codicia de los habitantes del Cauca, desconociendo por completo el poder y la acción crecientes de las mafias del narcotráfico -con la colaboración de los diferentes actores armados presentes- que han puesto a las poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad. Oficiales o informales, los asesinos actúan bien obedeciendo órdenes, pero también conforme a una autonomía que se sustenta en la estigmatización de ciudadanos y poblaciones activistas por parte de gobierno y fuerzas armadas. En Colombia, el reclamo de cualquier derecho, la protesta y la movilización ciudadana son perseguidas como en ningún otro lugar, y siempre hay mercenarios y sicarios dispuestos para el crimen. Asesinatos, torturas, desapariciones y atentados como el que sufrió en mayo Francia Márquez junto a otros líderes, lo demuestran.

En ese contexto, son totalmente irresponsables afirmaciones como la del expresidente Álvaro Uribe, en el sentido de validar algo que llamó "masacres con criterio social", o las del comandante del ejército Nicasio Martínez -ambos, expresidente y comandante, señalados durante el gobierno de Uribe de hacer pasar cadáveres de civiles secuestrados como bajas guerrilleras en combate- que llegó a afirmar "si nos toca sicariar, sicariamos" siembran de inquietud el panorama caucano, pues son muchos los actores armados que están dispuestos a matar, torturar y desaparecer, cumpliendo con las "órdenes" de estos comandantes informales.

Ante esta situación, un grupo de colombianos residentes en Perú quiere, por intermedio de esta comunicación, ponerle a usted al tanto de lo que viene pasando en nuestro país -concretamente en este territorio, en el que, más que un amedrantamiento de las poblaciones, se está ejecutando un auténtico genocidio -no sería el primero en Colombia- con el cual conseguir arrebatar las tierras a las comunidades indígenas y afrocolombianas, habitantes de estos territorios desde antes de la existencia del mismo Estado colombiano que no hace nada por defenderlos, antes favorece a sus verdugos. La tasa de asesinatos está aumentando dramáticamente en los últimos días, y urge una verdadera presión internacional tanto al gobierno colombiano como a las instancias nacionales encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos de Colombia (personerías, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación), organismos que tampoco parecen estar actuando con la celeridad y urgencia que la situación requiere.

Por favor, ayúdennos a combatir las mafias del Cauca, a proteger la vida de sus comunidades y líderes.

Nos están matando.