El 18 de Julio Corriente Amaru organizó un evento como parte de una campaña por la vida en Colombia y en general en nuestro continente. Estuvieron compañeros colombianos, Amnistía Internacional, la familia de Gabriel Sulca (peruano desaparecido en ese país) y se propuso la formación del  Comité Peruano de Solidaridad. Aquí mi intervención

En la última semana hemos tenido varias noticias referidas a Colombia. Por un lado han seguido las muertes. El dirigente campesino del Cauca, Luis Eduardo Dagua, ha sido la última víctima. Por el otro 38 euro parlamentarios han enviado una carta preocupados por la situación de los Derechos Humanos en ese país. Por último la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE), ha preparado un informe en el que mide los avances en lo que tiene que ver con la desmovilización y la incorporación a la vida política. 

Ese informe señala la precariedad de todo lo que tiene que ver con la reforma rural integral, la reincorporación económica de los desmovilizados y las medidas adicionales que contempla el acuerdo para reparar a las víctimas. De hecho, en materia de reforma rural no se ha implementado ni el 5 por ciento de lo pactado y en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, hay avance en aspectos formales, pero hay un cero total en asistencia en salud, proyectos productivos, entrega de subsidios de transporte y alimentación, atención integral y demás factores a poblaciones con tales cultivos. 

El director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, aseguraba en una entrevista el pasado jueves que “las FARC han honrado su palabra de trabajar en la sustitución de la coca”. El funcionario oficial reconoce que el Estado no ha sido tan ‘juicioso’ y atribuye ese hecho a que la puesta en marcha de proyectos productivos es “algo muy complejo”. También señala que el incremento de los cultivos para uso ilícito no es atribuible ni a las FARC ni al ELN, sino “al Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo”.

En el balance del cierre del actual Congreso, Imelda Daza, de Voces para la Paz, era así de contundente: 

“De los cinco puntos de los acuerdos de paz no se ha implementado nada. Eran cerca de 24 proyectos de ley que se debieron aprobar con el fast track, pero no se cumplió. Todo coincidió también con un año electoral, pero creemos que el primer pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los derechos del Congreso sobre este tipo de leyes frenó todo, porque a partir de ahí partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, se dedicaron a no aprobar nada y a colgarle a cada artículo de a 10 o 15 propuestas”.

Desde el 3 de mayo del año pasado en que asesinaron a nuestra hija Paula Monteverde y yo nos hemos impuesto la tarea de informar al mundo, a través de la página de FB “Colombia Vive” el genocidio que se está viviendo en Colombia. Estamos seguros que los asesinos de Elisita no son los que dispararon, que detrás hay un conjunto organizativo muy fuerte. Los que dispararon, jóvenes que se dejan alquilar por un par de monedas, son víctimas de este aparato. 

Los ataques, además de anular a una persona o un grupo de ellas, buscan dominar voluntades y ejercer el control social sobre sectores de la población. También constriñen libertades y desincentivan la reivindicación de derechos en el espacio público. La gente termina no ejerciendo la defensa de sus derechos por miedo, de forma que la censura termina interiorizándose. Ver sólo el asesinato de Elisita o de cualquier otra persona sería un error político.

Por eso lo que pretendo ahora es un resumen de lo ocurrido en junio. Pero no sólo mencionando los muertos sino, lo que es más importante, tratando de explicar el problema que hay detrás de ellas.

En junio se registraron 13 asesinatos de líderes y lideresas sociales. El mes empezó con el asesinato de 4 líderes sociales, el 2 de junio.

Carlos Jimmy Prado Gallardo, quien se desempeñaba como directivo de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico territoriales en Nariño (ASOCOEDNAR), era representante legal de Satinga Joven y delegado nacional del espacio de consulta previa de las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales en Nariño. Él había denunciado varias veces las amenazas en su contra ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Su muerte ocurrió luego de sostener el viernes una reunión con otros pobladores para plantear la preocupante presencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico, así como de paramilitares.

En el Acuerdo de Paz el gobierno se compromete a reprimir a los paramilitares pero, inmediatamente después, negó la existencia misma de estas bandas. La organización campesina de Nariño piensa todo lo contrario. Ellos dicen que “Colombia vive en la actualidad una coyuntura caracterizada por la recomposición del control ejercido por las organizaciones armadas ilegales en distintos territorios” Y refiriéndose a su propio territorio habla de una disputa por el control de las economías ilegales.

Por su parte el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras organizaciones afines han preparado un informe bajo el título Defender la vida que ha sido entregado a la Comisión de la Verdad en que demuestra la sistematicidad en los asesinatos y ataques contra líderes y defensores de derechos humanos. "Las luchas por el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como por la justicia social y la rendición de cuentas, impulsan la violencia contra aquéllos que desafían el poder de las élites económicas y políticas” dice el Informe

Pero sigamos ahora viendo los muertos del 2 de junio. El turno es de Julio Cesar Montalvo, líder social indígena, defensor de Derechos Humanos y étnicos, quien pertenecía al resguardo indígena Senú alto San Jorge, en Córdoba, hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán. Y en otra parte del territorio Orlando Negrete Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Las Delicias del municipio de Tierralta, Córdoba.

En el Perú conocemos de matanzas de indígenas desde hace demasiado tiempo, cada conflicto termina con muertos. Pero quiero llamar la atención sobre un hecho propio de Colombia. Las muertes son selectivas. Son los líderes los asesinados en una guerra permanente. Pero es que acabando con los líderes se desmoviliza al conjunto de la población. Eso lo sabía SL cuando mató a Roberto Chiara o Fujimori cuando hizo lo mismo con Pedro Huilca. Se trataba de descabezar el movimiento obrero para poder controlarlo, hacia un lado o hacia el otro no importa.

El cuarto muerto del 2 de junio es Fradi Chica excombatiente de las FARC del municipio de Ituango, Antioquia. No es la primera vez en la historia de Colombia que los combatientes populares son engañados. La posibilidad de ser asesinados al dejar las armas es, estoy seguro, una de las variables a las que se jugó las FARC y en ese sentido podemos decir que no hay, en Colombia, nada más valiente que luchar por la paz. Hay un dolor mudo, una tristeza represada, un convencimiento cada vez más fuerte de que fueron engañados, que el único interés del gobierno era desarmarlos y desmovilizarlos, que no había para los campesinos, los territorios, ni los excombatientes, ninguna ruta institucional para poner final a las causas estructurales de la violencia.

Dejare de mencionar algunos asesinatos para comentar el de la docente de primaria Evelia Francisca Atencia Pérez ocurrió el 21 de junio, en el municipio de Maicao, La Guajira, también se desempeñaba como promotora de la campaña de presidencial Colombia Humana de Gustavo Petro. De modo que no es solo a las FARC a quien han engañado, se trata de evitar cualquier política –no importa si de izquierda o de centro- que cuestione el narcoestado. Participar en elecciones resulta entonces peligroso. Se hacen visibles los simpatizantes, los colaboradores.

Solo unos días después, el 4 de julio, asesinaron a Ana María Cortes, también de la campaña de Petro, pero esta vez en Cáceres (Antioquia). Por si fuera poco, el ministro de Defensa de Colombia insinuaba que la líder de Colombia Humana en Cáceres, habría sido asesinada por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esa ha sido la respuesta sistemática del ministro, Luis Carlos Villegas, al exterminio de líderes y lideresas: criminalizar a las víctimas antes que buscar al victimario.

Otro pacto de los Acuerdos de Paz se refiere a la recuperación de tierras por los campesinos que han sido despojados durante el conflicto armado. Pero esto también resulta mortal. Los campesinos que reclaman la reposición de sus territorios son muertos. El 23 de junio fueron asesinados Adrián Pérez, hijo de uno de los líderes de restitución en tierras de la Comunidad “La Nevera”, en el municipio de Curvaradó, Chocó, y Héctor Santiago Anteliz, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San José, municipio de Teorama, Norte de Santander.

En la última semana de junio perpetraron asesinatos casi todos los días. El 25 de junio fue el asesinato de José Abraham García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pascuita, en Ituango; el 26 de junio, Jaime Albeiro Idrobo, exconcejal y miembro del Comité de Cocaleros de la vereda La Joaquina, del municipio de Balboa, Cauca; el 27 de junio, Cesar Sucerquia, miembro de la Asociación de Comités Barequeros del Norte de Antioquia (ASOCBARE-NA), en la vereda Mote del municipio de Ituango; el 29 de junio Iván Lázaro, miembro de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, ASCSUCOR, que hace parte de Marcha Patriótica y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -Anzorc-quien fue durante dos periodos secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rogero, destacado por abanderar procesos deportivos y culturales en la comunidad.

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